Se ha anunciado recientemente la eliminación del impuesto de sucesiones para todos los murcianos en 2018, lo cual me parece, si no la mejor, de las mejores medidas que un gobierno puede poner en marcha pensando en las futuras generaciones.
Merece la pena vivir la vida, como merece la pena y hasta puede constituir un motivo de orgullo poder dejar a nuestros hijos lo que en la vida hemos logrado. De este modo se estrechan lazos familiares, se enriquecen las generaciones y, en última instancia, la sociedad que es así fertilizada. Nada impide que nuestros valores, los proyectos culturales o intelectuales en los que nos hayamos empeñado, pasen a nuestros hijos y enriquezcan la sociedad. Pero lo que está en cuestión ahora es que también los logros materiales puedan ser disfrutados por la siguiente generación.
La eliminación del impuesto de sucesiones reconoce e intenta paliar una situación que afectaba a un número creciente de familias que se veían obligadas a renunciar a herencias por no estar en condiciones de asumir los impuestos generados por la herencia recibida. Y así seguirá mientras no entre en vigor la nueva normativa: obligados a abandonar sus recuerdos de niñez, la casa en la que crecieron y que tanto costó levantar a sus padres, porque no tienen dinero con el que pagar los impuestos. Esto, como es obvio, no debe ser catalogado de problema simplemente económico, no es tampoco una cuestión exclusivamente fiscal; es una aberración social. Y digo esto porque, aunque la medida anunciada apunta a suprimirlo en Murcia, ni ocurre así en el resto de España ni, y es lo preocupante, es imposible que se reponga.
La gestión de lo público, la política y los políticos, deben actuar y tomar decisiones de manera holística, teniendo en cuenta, no digo ya los intereses generales, ya que nadie sabe cuáles son ni quien los determina, sino teniendo en cuenta que cualquier decisión que tomen afecta y afectará de manera más o menos exponencial al resto de variables sociales y a las futuras generaciones. A lo largo de los últimos años hemos podido observar determinadas prácticas por parte de esos de “Hacienda somos todos” que parecen irrelevantes pero que a la larga no favorecen el establecimiento de un estado verdaderamente social. En estos últimos años algunos vecinos han recibido una notificación del catastro con carta de liquidación de 60 € por regularización catastral. Muchos vecinos han pensado que no merecía la pena hacer reclamación por 60 € y directamente han pagado. Otros vecinos, muchos, han visto como su recibo de contribución ha subido un año, y otro también, a razón de un 1%, bajo pretexto de no ser una subida de impuestos sino una mera actualización. Y luego, ante estas “irrelevancias” vemos que, en el impuesto de la renta, como nos han subido las valoraciones de rentas imputadas por posesión de inmuebles, aunque anuncien que han bajado los impuestos, resulta que ahora te sale a pagar la renta dado que las bases imponibles son sustancialmente más elevadas que antes de las regularizaciones. Un dislate con perjuicio generado en una única dirección: los contribuyentes, las familias.
Pero las cuentas tienen que cuadrar y los acontecimientos invitan a pensar que igual que nos van a quitar el impuesto para el 2018, poco tiempo pasará para tener que volver a pagarlo. Teniendo en cuenta que, aun estando cedido a las comunidades autónomas, el impuesto de sucesiones es de competencia estatal y que el comité de expertos designado para el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica propuso que se estableciera un mínimo general para todas las comunidades autónomas y, además, a la vista de que toda esa urgencia que teníamos por aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la infrafinanciación de la Región de Murcia ya no es tan urgente porque hay que arreglar primero el dislate catalinista (y todo parece indicar que se arreglará con mayores fondos para Cataluña en detrimento del resto de comunidades autónomas) mucho me temo que después de las elecciones municipales y autonómicas de 2019, para que las cuentas cuadren, nos veremos obligados a volver a pagar el impuesto de sucesiones.
La configuración actual de muchos impuestos no constituye un verdadero mecanismo de redistribución de renta sino meras herramientas recaudatorias. Por esta razón y porque una verdadera actualización es algo más que actualizarnos las bases imponibles (es decir, subirnos los impuestos) deberían reconsiderar la configuración global de los impuestos que pagamos, ajustando debidamente su verdadera razón de ser y pensar que cualquier decisión que se tome pone en riesgo la sostenibilidad de muchas familias, el mantenimiento de nuestro sistema de convivencia y sobre todo, lo que es más importante, nuestra cultura. Miren Cataluña.
Publicado en La Opinión de Murcia
