El tranvía del interés general

El llamado dilema del tranvía es un experimento mental que plantea la siguiente situación: un tranvía sin frenos se dirige hacia un lugar donde se encuentran diez personas, que van a morir atropelladas. No obstante, podemos accionar un mecanismo que dirigirá el tranvía hacia otra vía donde solo hay una persona. ¿Qué deberíamos hacer?

Existen numerosas variantes de este dilema, como la que propone lanzar a un hombre obeso, que observa desde un puente, para detener el tren. Si bien mucha gente considera lícito desviar el tranvía, matando a una persona para salvar a varias, pocos consideran moralmente aceptable empujar a alguien desde el puente. La clave parece encontrarse en que en un caso lo que hacemos es desviar el tranvía, y la muerte de una persona es solo una consecuencia indirecta de nuestra acción. Pero no parece que exista una diferencia sustancial: en ambos casos alteramos el devenir de los acontecimientos para salvar a varias personas, a costa de un inocente.

Cuando alguien se muestra vehementemente convencido de que salvar muchas vidas justifica el sacrificio de una, resulta interesante plantearle algunas dudas: ¿pensaría igual si las personas situadas en la vía fueran ancianos, mientras que la que moriría si accionamos el mecanismo fuese un niño? ¿Y en el caso de que esa persona fuera un investigador a punto de descubrir el remedio contra el cáncer? ¿Y si las personas en peligro son delincuentes, mientras que la otra es una madre abnegada con cinco hijos? Tales cuestiones se pueden complicar aún más si introducimos el factor aleatorio: en caso de desviar el tranvía la muerte de un individuo es segura, mientras que si no lo hacemos pueden morir diez personas, pero también es posible que tan solo sufran heridas.

Es difícil hallar el consenso en cuestiones tan controvertidas, pero resulta que este dilema ha dejado de ser un mero planteamiento teórico, debido a los coches autónomos. ¿Cómo se debe programar a estos vehículos, en caso de posible colisión con un grupo de peatones? ¿Sería justo atropellar a una persona que está cruzando por un paso de cebra para no hacerlo a otras cinco que están cruzando por donde no deben?

Debajo de estas cuestiones morales subyace el viejo dilema de si el fin justifica los medios. Y un caso particular, dentro de este planteamiento, es si resulta lícito coartar la libertad individual para lograr, supuestamente, un bien mayor.

Para quienes vivimos en países democráticos, la libertad nos parece algo consustancial al ser humano. Y aunque sabemos que el respeto a los derechos individuales no ha sido una realidad, ni siquiera un ideal al que tender, hasta hace relativamente poco, solemos pensar que se trata de un estadio final al que todas las sociedades llegan con el paso del tiempo, y que, una vez alcanzado, no tiene vuelta atrás.

Sin embargo, el derecho a la libertad individual (con el único límite del respeto a la de los demás), sustentado en la premisa de la igualdad de todos los ciudadanos, es un logro cultural mucho más frágil de lo que pensamos, que ha resultado extraño para la mayoría de las sociedades humanas hasta épocas recientes. Y no solo lo demuestra la existencia de naciones desarrolladas tecnológicamente que viven bajo regímenes totalitarios, sino el hecho de que en el subconsciente de muchos ciudadanos de países democráticos, pervive agazapado el fantasma de la pulsión liberticida.

Prueba de ello es que muchas personas consideran lícito que el Estado coarte la libertad de los ciudadanos por su propio bien o para imponer un criterio supuestamente beneficioso para todos (que, casualmente, se corresponde con el suyo). Cuando se prohíbe, por ejemplo, realizar una determinada conducta de riesgo que solo pone en peligro a quien la realiza, son mayoría los que consideran que se trata de una medida acertada si con ella se salvan vidas (aunque, por otro lado, no pongan objeción a que se promuevan determinados festejos, igualmente peligrosos, amparándose en la tradición). Este planteamiento otorga al Estado la potestad de decidir lo que más les conviene, incluso en el ámbito privado, a unos ciudadanos tratados como menores de edad.

Pero sacrificar los derechos individuales en aras del bien común resulta muy peligroso. Y así como la República Romana nombraba a un dictador con plenos poderes, cuando se sentía amenazada, la historia nos muestra que sociedades democráticas llegaron a alumbrar monstruosos regímenes totalitarios, apelando a los supuestos intereses de la nación. Porque si la democracia consiste en la imposición de la mayoría, sin respetar los derechos de las minorías, la creación de un Estado totalitario que decida por nosotros lo que más nos conviene es solo cuestión de tiempo.

Una de las amenazas más recientes a la libertad proviene de la imposición de la llamada ideología de género, que priva a los padres del derecho a educar a sus hijos conforme a sus propios valores (obligando a todos los colegios a difundirla) y castiga a quien contradiga sus postulados. Aquellos que aplauden que el Estado imponga a los ciudadanos determinados planteamientos ideológicos, porque coinciden con los suyos, deberían pensar que también sus derechos pueden ser atropellados, cuando cambie el criterio del legislador.

Si aceptamos que el Estado puede inmiscuirse en el ámbito privado de la libertad individual, debemos estar dispuestos a que cualquiera de nosotros sea arrollado por el tranvía del interés general.

Publicado en La Opinión de Murcia.

Alfonso González

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