Autor: José María Riquelme

Conozco personas inteligentes, formadas intelectualmente y sensibles a los retos medioambientales de nuestro tiempo y de nuestra Región que han prestado su firma a la iniciativa de la Plataforma SOS Mar Menor para que éste tenga personalidad jurídica propia, como conozco a otras que también lo han hecho después de una vida esparciendo voluntaria y conscientemente colillas y latas de cerveza por sus playas y parajes. Creo, aceptando que pueden existir tantas motivaciones como personas firmantes, que a todos ellos les une una misma cosa: la rabia y la indignación tras años de desidia, promesas incumplidas e impostura de tantos responsables políticos. La cuestión es si ese estado de ánimo es el mejor consejero a la hora de otorgar semejante poder a sus promotores, a los que cabe reconocer una capacidad de trabajo y organización encomiables para llevar adelante su propuesta, que recién cumple su primera etapa con la presentación de más de medio millón de firmas que ahora hay que comprobar y depurar.

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Terminó el estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado, pero millones de españoles seguimos en vilo y alarmados por muchas cosas de la salud, del comer y del vivir en comunidad. Hay quien se alarma de la previsible algarabía de novillos y becerras a los que después de meses de toque de queda les dan la suelta nocturna un sábado de primavera, con su sangre alterada, su luna, sus estrellas y su dehesa que son los botellones sin control, mientras que por toda España permanecían cerrados entornos controlados como bares y restaurantes, y con ellos, miles de esperanzas de vida autónoma. Me pregunto por qué los cuerpos de seguridad del Estado no han vigilado preventivamente zonas de ocio que son de alto riesgo a determinadas horas de la noche para evitar desmadres, y sin embargo nuestros mandamases los han destacado durante meses en las líneas divisorias entre municipios y comunidades autónomas para recetar 600 euros a los Peláez, que eso de irse un viernes a Torre de la Horadada a hacer nada en su segunda residencia, lo mismo que en Murcia, debía ser pecado de leso negacionismo.

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Ignoro si la portentosa Celaá guarda o no buenos recuerdos de sus años infantiles y juveniles de estudio en un colegio privado religioso de San Sebastián, aunque imagino que muy malos no serían cuando repitió experiencia en la universidad privada de los jesuitas en Deusto y sus propias hijas han estudiado en otros tantos centros de similares características. Recuerda a esos políticos independentistas que obligan a los hijos de las clases populares catalanas a estudiar exclusivamente en catalán mientras ellos envían a los suyos a los mejores centros privados internacionales de Barcelona, conscientes como son de que su lengua materna no sirve para casi nada fuera del histórico principado, por hermosa y respetable que sea esta lengua del levante español.

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Es un hecho que existen personas a las que les parece bien enseñar el bolso a la cajera en el supermercado, encantadas de que las traten como presuntos delincuentes y no como clientes, como también existen quienes dando un saltito y con expresión bovina piden perdón al ciclista cuando éste les sobresalta por detrás en la acera o en la calle peatonal en vez de soltarle cuatro frescas.

Últimamente andan felices porque esa nueva especie surgida al calor de la COVID19 que son los concejales de drones, termómetros y parcelas playeras ha decidido medirles la temperatura corporal para entrar al mercadillo semanal o a cualquier otra actividad al aire libre, aunque no sirva para casi nada y ni siquiera se haga con soporte legal que lo justifique ni constancia de la habilitación del material ni de quienes realizan la actividad. Estas personas son combustible y catalizador de cuantos aprendices de tirano van perfeccionando la técnica que denunciaba Montesquieu: que no hay peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes.

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“Las promesas de hoy son los impuestos de mañana”.

William L. Mackenzie.

Soy autónomo. Esta característica, como todas las que me acompañan (de sexo, raza o estado civil) no me otorga condición social de víctima o vulnerabilidad en grado preventivo. Más aún, ese conjunto de caracteres son determinantes en clave política para que mi cuota de autónomo que he pagado en marzo, abril y mayo sin obtener ganancia alguna y las de otros cientos de miles sufrague parte de los gastos corrientes de un Estado que con ellas abona nóminas, pensiones y subsidios y ayudas sociales indispensables para que España siga funcionando y otras que quizá no lo sean tanto, como las nóminas de decenas de miles de personas ocupadas en el sector público o amparadas por él en situación de empleo activo que llevan dos meses sin trabajar (ni teletrabajar) pero que los días 1 de cada mes tienen su dinerito en la cuenta del banco. Por decirlo de otro modo: en este partido de fútbol en el que se mezclan profesionales y aficionados soy de los que llevan el botijo al árbitro para que éste reparta el agua a su conveniencia. Quizá deba ser así.

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