
Legislar en tiempos de pandemia es fácil cuando toda la atención del país está centrada en la tragedia sanitaria, los dos o tres casos de COVID que el doctor Simón dijo que tendríamos en España, la cifra de fallecidos que el Gobierno se empeña en ocultar porque parece que desde junio aquí no se ha muerto nadie o la devastación del tejido económico nacional. Por eso la última reforma educativa de la democracia, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) se ha sacado adelante sin consenso como siempre, y sin discusión como nunca, y es ya una realidad cuyas novedades muy pocos conocen pero que todos imaginamos porque las polémicas son siempre las mismas: la demanda de enseñanza concertada, la repetición de curso, el estatus de la asignatura de Religión y su optativa, los cada vez menos exigentes requisitos para promocionar y titular en Bachillerato, el total abandono del idioma español en determinadas regiones del país, la renuncia explícita a las nociones de calidad y excelencia, la enésima rebaja en contenidos para que hasta una garrapata pueda obtener el título de Graduado en ESO y así en las estadísticas de la OCDE superemos a Uganda o Guatemala…
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