Está en boca de todos la cuestión de la procedencia o improcedencia de que los padres puedan objetar ciertas actividades o ciertos contenidos que se imparten en los centros escolares.
No falta quien quiera reducirlo a que se trata de decidir si es obligatoria la asistencia a una excursión para ver la floración de Cieza en todo lo suyo. Y viéndolo así, no parece razonable tanta polémica. De hecho, en los centros escolares siempre ha habido gran variedad de actividades que iban desde conferencias, visitas a museos, paellas y chocolatadas hasta representaciones teatrales y, sin necesidad de precisar si eran complementarias, curriculares, optativas, en horario escolar, dentro o fuera del centro, nunca ha habido especial problema.
Por tanto, si el debate está justificado, debe haber alguna novedad, algo que antes no estaba y ahora sí. Y, en ese sentido, aparecer como objetor al Pin Parental cuando se hace lo que se ha hecho siempre sin problema, no es más que una maniobra de distracción, pura propaganda aireada por los medios afines a una cierta opción.
Frente a esa opción se encuentran quienes subrayan hechos como el programa que incluye “curiosidad sexual y juegos eróticos infantiles” dirigido a niños de 0 a 6 años, en Navarra; o la actividad del IES Cura Valera (Huercal-Overa) en el que la ponente anima a los alumnos asistentes a simular una felación, o… Parece innegable la existencia de hechos de este tipo en ciertas actividades. Y parece que el debate al que aludíamos tiene que ver más con este tipo de asuntos que con la floración de Cieza.
Quienes subrayan estos hechos, ¿son alarmistas? ¿extrapolan lo que son meros hechos aislados? O, por el contrario, ¿muestran una tendencia a la que pretenden oponerse?
La ministra Celaá insinúa que los hijos son del Estado y que, por tanto, los padres no tienen nada que decir ahí, que lo mismo da la floración de Cieza que el enfoque de la sexualidad (desde las perspectivas biológicas e ideológicas, que en todo manda el gobierno).
Quienes ven ahí una tendencia, y una deriva totalitaria, han convocado una manifestación de familias a favor de la libertad. Para el sábado 29 de febrero, a partir de las 17.30, desde la plaza Circular hasta la delegación del Gobierno.
En cualquier caso, el debate, si lo entiendo bien, está aquí y no, como parece pretender la Consejería de Educación, en el hecho de que quien saque a los alumnos de excursión, les organice una conferencia o los anime a los menores a explorar nuevos caminos en las identidades sexuales sea o no funcionario. Este enfoque es torpe, desvía la atención del auténtico debate y, al final, fomenta el enfrentamiento entre padres y profesores.
Todos sabemos que expresiones como “Tu prueba, si te gusta una chica, pues una chica, si es un chico, pues un chico”, “Las mujeres, para ser iguales a los hombres, no tienen que tener hijos” o “Los hombres no hacen nada en casa, las mujeres se cargan con todo” se han dicho en diversos centros escolares de Murcia, ¿qué más da que los diga un funcionario docente o un invitado de una asociación? El asunto es lo que se dice, no quién lo dice.
Por otra parte, nadie que tenga uso de razón puede negar que esos contenidos que se imparten algunas veces en los centros educativos incluyen un componente ideológico que entran en colisión con el artículo 27.3 de nuestra Constitución: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Quien dice que no se adoctrina en los centros o es un ignorante o pretende engañar.
Hay quienes en las aulas se erigen en apóstoles de doctrinas que nada tienen que ver con los contenidos de sus materias, conculcando así el Estatuto Básico del Empleado Público (art. 52) que exige la neutralidad ideológica de los funcionarios en el ejercicio de su actividad profesional. ¿No debiera ser competencia de la Inspección educativa velar para que se cumpla la legalidad en este punto?
Quizá podría aprovecharse el actual debate para centrar las actividades extraescolares en asuntos que emanen de nuestro ordenamiento jurídico, dejando al margen aquellos aspectos que son objeto de controversia entre adultos: si la gente mayor de edad no se pone de acuerdo en ciertos asuntos, intentar inculcar una de las opciones a los alumnos es, exactamente, manipularlos. Sin caer en el adoctrinamiento torticero, se pueden tratar asuntos perfectamente constitucionales como protección de la infancia (art.39), en el que entraría la formación de los alumnos para evitar el consumo de alcohol, drogas, tabaco y otras adicciones, e igualdad ante la ley (art. 14), donde se recogerían la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, y poco más.
Como se ve, hay razones para el debate. Hay argumentos, hay quien intoxica y quien no se entera o se pone de perfil (con lo que no es parte de la solución, sino del problema).
Parece, por tanto, que es razonable sostener que la libertad de las familias para educar según sus convicciones está en peligro. Cuando la Ministra de Educación, Isabel Celaa dice lo que dice traslada la idea (y la práctica) de que el Estado usurpa el derecho a educar a nuestros hijos, con el objetivo de convertirlos en ciudadanos que comulguen con los dogmas del poder de turno. Esta manía de la izquierda de entrometerse en este asunto para construir la conciencia de nuestros jóvenes no es nada nuevo, y es algo propio de los regímenes totalitarios e impropios de la democracia liberal en la que todavía vivimos.
Por tanto, parece razonable una movilización de la sociedad civil para defender la libertad que ve peligrar ante un gobierno que ha convertido al Estado en un instrumento de ideologización de la población.
Publicado en La Opinión de Murcia
