Desde que tengo uso de razón la mayoría de elecciones que ha habido en España han sido calificadas como históricas por los medios de comunicación. Ese afán por dramatizar estos procesos ha sido hasta ahora meramente retórico. Sin embargo, me parece que las próximas elecciones del 28 de abril, sí que pueden ser definidas con propiedad como históricas.
Ni el feminismo, ni el cambio climático, ni el derecho a la vida, ni la enseñanza, ni ningún otro tema parecen importantes frente al mayor peligro que tiene planteado nuestra nación, que no es otro que la unidad. No me corresponde a mí hacer aquí de historiador, pero lo que tengo claro es que España como nación no es un concepto discutible.
A lo largo de los siglos han ido sucediéndose por nuestro suelo civilizaciones que han ido haciendo sus aportaciones para cuajar en uno de los primeros estados-nación de Europa en la época de los Reyes Católicos con unas fronteras que se han conservado casi inalteradas desde entonces. La Constitución de 1812 establece un hito esencial en el desarrollo de la nación española. El artículo 3 proclama: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. Por tanto, a partir de este momento y a pesar de los retrocesos durante el siglo XIX debido a la resistencia absolutista, la soberanía deja de residir en la Corona para pasar a residir en el pueblo español. Y luego, la Constitución de 1978, también deja muy claro en su artículo 1.2 que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Sin embargo, en la práctica y en aras de la gobernabilidad y en vez de llegar a acuerdos entre los partidos que defienden la Constitución Española, hemos entregado esa soberanía a partidos nacionalistas esquizofrénicos. Los partidos nacionalistas vascos, en su delirio, han situado el origen de su supuesta nación vasca en una pelea entre pastores castellanos y vascos que, con toda pomposidad, han bautizado como la batalla de Padura o Arrigorriaga. Y los nacionalistas catalanes han convertido una guerra de Sucesión por la Corona de España en una supuesta guerra de Independencia en la cual su héroe, Rafael de Casanova, acaba su manifiesto del 11 de septiembre de 1711, con las siguientes palabras: “que todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados, a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España”, declaración que no parece muy acorde con la pretensión de los nacionalistas catalanes de situarlo en un lugar prominente de su ensoñación.
Además, durante estos últimos años todas las comunidades autónomas han hecho un flaco favor a la unidad, con casos tan evidentes como el de la persecución de la lengua española en todos los territorios donde hay otra lengua propia. No tengo nada en contra de las otras lenguas autonómicas, pero el español debe cumplir la misma función que cumplía el latín en la Edad Media, como lengua franca. Con respetar el art. 3.1 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, sería suficiente. Esta batalla se plantea en toda su crudeza en la educación. Se les olvida a nuestros políticos que son las familias las que tienen el derecho a elegir la lengua en la que quieren matricular a sus hijos y además obvian las recomendaciones de la UNESCO sobre que los alumnos deben usar como lengua vehicular su lengua materna. Pero no seamos ingenuos, la inmersión lingüística obligatoria en muchas zonas de España con lengua propia diferente al español, se hace con el objeto de debilitar los lazos de unión con el resto de españoles.
Si la vertebración actual de España en Comunidades Autónomas supone un obstáculo para preservar la nación, habrá que empezar a pensar en abolirlas o transformarlas en meras descentralizaciones administrativas sin contenido político. Y no solo es un problema para la unidad sino que, desde el punto de vista económico, son una ruina. Se han duplicado organismos, asumen competencias que no son suyas, son una fuente de conflictos políticos artificiales permanentes y se han convertido en una agencia de colocación de los diferentes partidos políticos. Han sido el gran fiasco de nuestro sistema democrático porque tampoco han servido para aplacar los ánimos secesionistas en algunas zonas de España.
Esperemos que nuestros políticos, tras las próximas elecciones, piensen por una vez en el bien común y tengan altura de miras suficiente para desactivar esas fuerzas centrífugas que intentan destruir nuestro legado milenario.
Acabo con la esperanza de las palabras de Bismarck, gran artífice de la reunificación alemana, que refiriéndose a nuestra nación dijo: “Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido”. Ojalá tenga razón.
Publicado en La Opinión de Murcia.
