Ignoro si la portentosa Celaá guarda o no buenos recuerdos de sus años infantiles y juveniles de estudio en un colegio privado religioso de San Sebastián, aunque imagino que muy malos no serían cuando repitió experiencia en la universidad privada de los jesuitas en Deusto y sus propias hijas han estudiado en otros tantos centros de similares características. Recuerda a esos políticos independentistas que obligan a los hijos de las clases populares catalanas a estudiar exclusivamente en catalán mientras ellos envían a los suyos a los mejores centros privados internacionales de Barcelona, conscientes como son de que su lengua materna no sirve para casi nada fuera del histórico principado, por hermosa y respetable que sea esta lengua del levante español.
El caso es que la doña abjura de la educación recibida y expía sus pecados capitalistas señalando a la escuela concertada en la nueva ley de educación que está próxima a implantarse. Y me pregunto por qué las élites de la izquierda política ponen tanto empeño en asuntos menores (cuotas en centros concertados de las que los padres sabemos y podemos defendernos solitos o algún proceso de admisión poco transparente) para colarnos una norma tan ideologizada como esta, que entre otras cosas entierra definitivamente el concepto de esfuerzo individual permitiendo la consecución del título de secundaria sin aprobar todas las asignaturas, que será cosa de fachas.
Y es que la educación tiene un papel fundamental procurando personas útiles a la sociedad en todas sus facetas. Por ello, desde hace cien años se viene considerando a la escuela como “ascensor social”, esto es, un sistema que asegura la igualdad de oportunidades para que todos los estudiantes, aportando cada uno su esfuerzo personal, lleguen a dónde verdaderamente se merezcan. Esta ley, por el contrario, iguala a quien se esfuerza con quien no lo hace, por lo que está en consonancia con ese concepto tan progresista y equivocado que considera la igualdad no como el punto de partida para que todos tengan las mismas oportunidades, sino como la extensión de la mediocridad por medio de titulaciones que ya no garantizan ningún saber ni preparación.
Recuerdo, y aprovecho para escribirlo antes de que el gobierno más progresista de esta historieta española me obligue a elegir qué parte de mi memoria es democrática y cuál no, que hace muchos años, pongamos cuarenta o cincuenta, todos conocimos a compañeros de pupitre y sus padres y madres procedentes de entornos casi analfabetos que con esfuerzo y becas exigentes en contrapartidas académicas llegaron donde quisieron. Cosa que hoy, tras décadas desde la implantación de la dañina Logse resultaría complicado pues, como creo, esta ley será la puntilla de un sistema educativo que ya es inservible para asumir el reto de la transformación económica y social que España necesita. Me causa perplejidad escuchar tanta teoría sobre la necesidad de transformar el tejido productivo español mientras nos empeñamos en bajar cada vez más el nivel académico y la capacidad de esfuerzo de nuestros jóvenes.
Sé que resulta triste, pero es el plan premeditado de la izquierda que nos gobierna: impedir que la libre elección de centro educativo haga notar la desnudez y el cada vez menor interés de las familias hacia nuestras escuelas públicas, en el que conviven islotes de brillantez docente y alumnos responsables, valientes y comprometidos con otros muchos entornos agresivos y desmotivadores, contrarios al clima que debe imperar en las aulas, con el añadido de una parte del cuerpo docente muy politizado y poco actualizado en competencias y herramientas tecnológicas y digitales. Y más sangrante resulta el hecho conocido de que esta norma ha sido objeto de trueque político en la negociación de los presupuestos generales del Estado con quienes trabajan para destruir nuestra nación. Y me pregunto por qué hemos de soportar que la educación se haya convertido en otra herramienta para conservar el poder.
En definitiva, una norma que no suscita ningún entusiasmo en la comunidad educativa de los centros públicos pero sí mucha oposición en los concertados, tanto de las familias como de los docentes, entidades y cooperativas que los gestionan y colectivos especialmente vulnerables como el de alumnos discapacitados y sus familias.
Publicado en La Verdad de Murcia (4/12/2020)
