Autor: Andrés Nieto

El informe PISA es un informe internacional que proporciona datos comparativos sobre educación. Empezó a realizarse en el año 2000. Murcia ocupó entonces las últimas posiciones.

El Partido Popular gobernaba la Región desde 1995, cinco años antes de aquel informe. Al realizar el último informe (2022), sigue gobernando ¿qué ha ocurrido? Sencillamente, nada. Nada: En el informe de 2022, de las 17 comunidades autónomas, Murcia es la duodécima tanto en Ciencias como en Matemáticas.

Alguna responsabilidad tendrá en esto la gestión del PP ¿Cabe esperar que si el PP sigue gestionando la educación cambie lo que no ha cambiado en 28 años? Si el Partido Popular supiese qué hacer, ¿no creen que lo habría hecho ya?

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Desde hace un tiempo se ha puesto de moda, entre un número apreciable de nuestros universitarios, el abandonar una carrera y empezar otra porque no se ven cumplidas sus expectativas iniciales.

Cada uno es dueño de su vida y un liberal militante como yo no tendría nada que objetar. Pero, en la realidad no sólo están las motivaciones y decisiones de cada uno. En este caso hay una cuestión sobre la que sugiero pensar. El problema surge en el momento en que los alumnos universitarios españoles pagan solo una parte que no llega al 20% de lo que realmente vale la matrícula. Es decir, el 80% de la matrícula de las sucesivas carreras, lo pagamos a través de nuestros impuestos. Así que ya no se trata sólo de las decisiones de cada uno.

En países mucho más ricos que España, como en Alemania, se devuelve el 50% de las becas con un periodo de carencia de 5 años. Es algo común a la mayoría de países europeos que las becas no son a fondo perdido, sino que hay que devolver una cantidad al Estado en todos los casos. Es una forma de responsabilizar a los universitarios de que el dinero que se les asigna no es un maná caído del cielo, sino que procede de los impuestos. Prestarles dinero les ayuda, les permite un desahogo, los estimula a esforzarse y, en suma, los convierte en gente responsable, que sabe que las cosas cuestan; regalarles dinero, ¿no podría convertirlos en gente irresponsable, que no valore el esfuerzo que la sociedad hace para darles la oportunidad de prosperar?

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Desde hace unos años se ha instalado un dogma entre nuestros políticos, tanto de izquierda como de derecha, de que a los ciudadanos hay que otorgarles graciosamente derechos, la mayoría con repercusiones económicas.

Recordemos, en ese sentido, al presidente del Gobierno presentando un plan para dar un bono cultural de 400 € para jóvenes, o a la portavoz del Gobierno anunciando que el transporte público será gratis a partir de septiembre en los trenes de cercanías.

Transmiten la idea de que lo público es de todos y de nadie: gratis para todos, nadie paga nada.

Así es como piensan las cosas los adolescentes: todo derechos, todo gratis. Pero la realidad es otra: alguien paga. Y la realidad en el ámbito de lo público también es distinta de esa idea: todos pagamos lo que los políticos dan gratis.

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Orwell escribía en su novela 1984: “La filosofía del Partido negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común”.  Este control de la sociedad del que habla Orwell se transmite a través de una jerga propia, la neolengua, que no son más que unas palabras que suenan bien, pero que nos impiden ver lo que hay detrás. Tres ejemplos actuales de esa manipulación del lenguaje.

Hace unos días el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, dijo que se iba a combatir el abandono escolar. Desde luego que es loable la intención de que nuestros alumnos no dejen el sistema y sigan formándose. El problema viene en la letra pequeña. Las medidas que se proponen son la digitalización de los centros y más orientadores, palabras-talismán que impiden ver la realidad de los centros donde la solución no va por ahí. Desde hace 30 años está en vigor la LOGSE o leyes parecidas que nos han llevado a unos niveles educativos de los más bajos de la OCDE. Se ha rebajado la exigencia hasta límites insospechados. Los alumnos que proceden de clases más bajas no tienen opciones de subir en el ascensor social con su esfuerzo. Habrá que empezar a pensar que las soluciones al abandono deben pasar por otras medidas, como que los alumnos aprendan a leer y escribir correctamente, cosa que hoy día no ocurre y que los títulos que consiguen sean a través del esfuerzo.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una ley de protección de la infancia.

Han trascendido las palabras de la podemita Ione Belarra acusando a la Iglesia católica de haber sido cómplice de encubrir la violencia sexual contra los niños. Aunque fuese un solo caso, sería tristísimo pero el hecho es que los abusos en un contexto relacionado con actividades religiosas constituyen el 0,2% (dos de cada mil abusos). En cualquier caso, si se pretendiese alguna coherencia, cabría esperar alguna condena respecto al encubrimiento de la violencia sexual contra menores precisamente en lugares como Baleares o Valencia donde Podemos y Psoe tienen responsabilidad de gobierno. Allí es donde las menores tuteladas han sido prostituidas en el primer caso y una menor ha sido abusada por el exmarido de la vicepresidenta en el segundo. Ni responsabilidades, ni condena, ni petición de perdón. Es más, oposición a que sean investigados estos casos gravísimos.

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